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Vigilancia sin controles

De acuerdo a la ley, la CURP biométrica “será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital”.

Aunque el gobierno haya dicho que no será obligatorio, la ley exige que “todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”. Esto quiere decir que te la van a pedir para prácticamente cualquier actividad que realices. 

Según la ley, a partir de mediados de octubre de 2025, los entes públicos y privados deben tomar las medidas necesarias para incluir la CURP como requisito para trámites y servicios.

¿Te ha pasado ir a un banco con una persona de edad avanzada y que el lector de huellas no funcione? Existen personas cuyas huellas dactilares se deterioran más, como las adultas mayores, personas que hacen trabajo manual o personas con discapacidad, quienes podrían tener problemas para asociar sus biométricos.

En un escenario donde la CURP biométrica es obligatoria para todo, no contar con ella genera mayor exclusión en el acceso a servicios públicos y privados. ¿Te imaginas, por ejemplo, no poder acceder a servicios de salud o a programas sociales? Hay países, como India, donde la falla de los sistemas de identificación biométrica ha llevado a que personas se queden sin acceso a comida.

Sí. La Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la obligación de las empresas de telecomunicaciones de crear un registro de cada línea telefónica asociada a la identidad de su titular a través de la CURP biométrica.

Quizá recuerdes que, hace unos años, la Corte dijo que era inconstitucional que el gobierno hiciera un padrón de líneas telefónicas con datos biométricos. En su lugar, le delegaron la responsabilidad a las empresas, que son las que van a llevar ese registro.

Aunque el gobierno afirme que es para combatir la delincuencia, no existe evidencia de que este tipo de registros ayuden. Por el contrario, son fáciles de eludir y pueden llevar a que incriminen a personas inocentes si sus líneas telefónicas son suplantadas.

Peor aún, la Ley de Telecomunicaciones establece que las empresas están obligadas a bloquear las líneas no registradas y dejar de proveer servicios, lo que atenta contra tu derecho constitucional a acceder a las TIC, incluyendo el internet. 

Aún no sabemos cómo funcionará el registro (porque una nueva Comisión Regulatoria tiene que emitir sus reglas) pero la ley establece que las empresas tienen la obligación de suspender las líneas no registradas a más tardar en mayo de 2026.

Hoy en día, si no quieres, no tienes que identificarte para realizar trámites o servicios (por ejemplo, para comprar algo en una tienda pagando en efectivo). Pero el objetivo de pedirte la CURP biométrica es que exista un registro de todas tus actividades que esté asociado con tu identidad.

Para entender el porqué, vamos a revisar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que ordena la creación de una Plataforma Única de Identidad. 

Esta plataforma va a recolectar y consolidar toda la información generada por el uso de la CURP biométrica. La idea es que las autoridades, como las Fiscalías o las Comisiones de Búsqueda, puedan consultar esa información para localizar personas desaparecidas, pero las leyes de seguridad e inteligencia también permiten el acceso con otros fines.

Los datos biométricos son datos personales que están asociados con tu físico, como tus huellas digitales, tu iris, tu rostro o tu voz, y sirven para identificarte. Ya que están relacionados con tu cuerpo, no los puedes cambiar o sustituir. Por esa razón, una filtración o robo de datos biométricos puede tener consecuencias graves.

La ley contempla que la Plataforma Única de Identidad centralice el acceso a una diversidad de registros en una sola interfaz, incluyendo datos biométricos. Esto abre la puerta a un punto único de fallo, por ejemplo, a que un error en la plataforma comprometa su funcionamiento o a que un atacante informático pueda extraer información sensible sobre las personas y ponerla a la venta.

En los países donde se han implementado identificaciones biométricas han surgido diversos problemas que afectan los derechos de las personas. En India, el sistema Aadhaar ha presentado múltiples fallos para el acceso a servicios públicos, lo que ha provocado exclusión, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

Respecto de América Latina, en Argentina, la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) fue filtrada en 2024. La información contenía documentos de identidad, fotos y huellas dactilares. 

En otros países, como en Chile, se han implementado medidas de seguridad como regular quién accede a las bases de datos o impedir el monitoreo en tiempo real del uso de la identificación. 

En México, sin embargo, no se han tomado suficientes salvaguardas, como pueden ser auditorías de seguridad independientes, controles para acceder a los datos o permitir que la CURP biométrica sea opcional.

Dentro de las leyes que aprobó el Congreso se encuentran la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. 

Estas leyes crean la Plataforma Central de Inteligencia, una infraestructura que permite conectar bases de datos públicas y privadas para que las autoridades accedan a información sin restricciones y en tiempo real. Esto incluye a la Plataforma Única de Identidad, por lo que también podrán acceder a los datos derivados del uso de la CURP biométrica.

La ley también obliga a las entidades privadas a entregar información a las autoridades sobre diversos registros, como servicios financieros, de salud, de telecomunicaciones, datos biométricos, entre otros. Estas solicitudes pueden incluir a empresas internacionales e incluso, permite que las autoridades compartan tus datos con gobiernos de otros países.

¡No nos oponemos! Usar la tecnología para combatir la delincuencia es legítimo, pero debe hacerse respetando los derechos humanos. Por muchos años, hemos documentado cómo las autoridades han abusado de sus facultades legales para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Este nuevo sistema les da más poderes sin mecanismos de transparencia o rendición de cuentas.

Por ejemplo, las autoridades no requieren de una autorización judicial para acceder a registros a través de la Plataforma Central de Inteligencia. Tampoco están obligadas a informar a las personas si accedieron a su información y con qué propósito. Esto es muy preocupante cuando hay mucha evidencia de que han utilizado estas herramientas en contra de opositores políticos o de que estos sistemas pueden ser infiltrados por el propio crimen organizado.

No lo sabemos, sin embargo, es cierto que el Departamento de Estado de EE.UU. ha solicitado previamente acceso a datos biométricos de personas mexicanas que viajan a su país y que la Presidenta Claudia Sheinbaum se negó porque, en ese momento, México no contaba con una identificación biométrica.

Estados Unidos ha empujado fuertemente en los últimos meses para cerrar acuerdos de intercambio de datos biométricos con otros países de América Latina, como Guatemala, Honduras y El Salvador, además de Colombia y Chile. Para algunos analistas, la CURP biométrica es una dirección en ese sentido.

La ley de Inteligencia permite la interconexión “con los sistemas de inteligencia en seguridad pública de otros países”, por lo que las autoridades tendrían la posibilidad de transferir y compartir esta información con el gobierno de Estados Unidos.

Entre las leyes que aprobó el Congreso están las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con estos cambios, la Guardia Nacional pasó a estar bajo control de la Secretaría de la Defensa, pero también se le dieron facultades a las Fuerzas Armadas para hacer labores de inteligencia “por motivos de seguridad nacional”.

Además, la Ley de Inteligencia le da acceso a la Guardia Nacional para utilizar la Plataforma Central de Inteligencia, lo cual es muy preocupante considerando los graves abusos documentados de espionaje por parte del Ejército. No solo eso: también se cambió la redacción de un artículo para que la Guardia Nacional no requiera de autorización judicial para acceder a los datos conservados de tus comunicaciones y/o tu geolocalización en tiempo real. 

En varias ocasiones, el gobierno ha negado que estas leyes invadan tu privacidad diciendo que no van a espiar tus conversaciones. Sin embargo, estas leyes habilitan otro tipo de vigilancia, más sutil pero igual de grave.

Con estas leyes, las autoridades pueden requerir información a entes públicos o privados sobre un montón de registros, además de la huella que irás dejando al usar la CURP biométrica. Con esa información, es posible determinar cuáles son tus rutinas diarias, con qué personas te reúnes o qué lugares frecuentas. El cruce de estos datos puede ser tan invasivo como una intervención telefónica.

Desde R3D, hemos presentado cuatro demandas de amparo en contra de estas reformas, aunque hay que recordar que, debido a las reformas a la Ley de Amparo, las sentencias ya no tienen efectos generales. Esto quiere decir que, aún en el caso de obtener el amparo, eso no significa que se suspenda la aplicación de estas leyes.

Sin embargo, presentar estas demandas de amparo es importante por varias razones. Primero, porque da testimonio de las graves violaciones a derechos humanos que pueden implicar estas reformas. Segundo, porque pone a prueba al nuevo Poder Judicial, ya que tendrá que decidir entre proteger nuestros derechos o ponerse del lado del gobierno actual. Tercero, porque la decisión de las personas juzgadoras puede servir para otras personas que interpongan una demanda de amparo después. 

Esto tampoco significa que no haya nada más que hacer. Las leyes contemplan plazos de entrada en vigor de ciertas disposiciones (por ejemplo, cuándo comenzar a exigir la CURP de forma obligatoria o cuándo suspender las líneas telefónicas no registradas). Esas fechas dan pie a nuevas acciones o estrategias –legales o de otros tipos- para resistir estas medidas autoritarias.